El megaprocesamiento que firmó el juez Sebastián Casanello contiene un dato clave: para probar la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), utilizó la auditoría que el Gobierno había prometido tras el estallido del escándalo, pero que hasta ahora no había presentado formalmente ante la Justicia.
Ese informe, finalmente incorporado al expediente, fue determinante para procesar al extitular del organismo Diego Spagnuolo y a otros exfuncionarios por el supuesto pago de coimas en la compra de insumos y medicamentos.
La auditoría fue ordenada por el interventor Alejandro Vilches, cuando estalló el escándalo con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS. La revisión abarcó el período de diciembre de 2023 a agosto de 2025, enfocándose en el funcionamiento institucional, circuitos prestacionales, mecanismos de control y sistemas de información.
La auditoría, adjuntada al expediente, identificó la “ausencia de un sistema integral para el Programa Incluir Salud; irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos; carencias en la gestión documental; demoras en la regularización contractual con prestadores; inexistencia de manuales de procedimientos; debilidades en el control de expedientes; y problemas persistentes en los registros y la trazabilidad de la información”.
El documento, al que tuvo acceso la prensa, agregó que estas falencias fueron aprovechadas “para beneficiar económicamente a actores privados privilegiados en perjuicio de las rentas del Estado y de un servicio público de calidad pensado para un sector de alta vulnerabilidad y expuesto a desigualdades estructurales”.
Un detalle que reveló la investigación del gobierno es que las decisiones “fueron tomadas por gente experimentada y de modo absolutamente consciente”. Además de Spagnuolo, esto complica la situación de Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian, entre otros exfuncionarios de la ANDIS.
La reconstrucción de los hechos permitió comprobar que la base de prestadores se armaba de manera absolutamente arbitraria, se ocultaban los criterios de invitación a compulsar precio o elegir oferta, se ocultaba el inicio, avance y finalización de los procesos, se omitía dejar registro sobre los antecedentes de los proveedores para evitar comparaciones.
También, según el documento, se escondían los datos sobre la capacidad operativa para afrontar la entrega con la urgencia que caracteriza este tipo de prestaciones y todo lo que permitiese controlar que los medicamentos o insumos se compraran a precio razonable, que un mismo beneficiario final no se presentara en el mismo proceso simulando una concurrencia.
Además, no se firmaban contratos que delimitaran los deberes y derechos de las partes involucradas, no se instauraban mecanismos de control o rendición de cuentas, entre otras graves irregularidades.
Todas estas falencias, aseguró el informe del gobierno, generaron fragmentación de áreas, superposición de competencias y circuitos disociados, impactando en la eficiencia operativa, la trazabilidad y la capacidad de planificación y control.
Los programas clave como el CUD, Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral e Incluir Salud operaban en plataformas inconexas, causando inconsistencias de datos y menor previsibilidad para los beneficiarios.
La ANDIS, pese a ser parte del Estado, manejaba su propio registro de proveedores, el que se caracterizó, en los términos expuestos por la fiscalía, “por ser totalmente informal y opaco”.
El organismo articuló su propio registro de proveedores para poder decidir arbitrariamente quién ingresaba y así otorgarle la posibilidad de contratar, sin importar si tenía capacidad operativa, si se trataba de los mismos beneficiarios finales, si había conflictos de interés o, siquiera, si se encontraba inscripto en el SICOPRO.
Con relación a esto último, se corroboró que varios de los proveedores de la ANDIS a los que se invitó a cotizar precio no estaban inscriptos allí: es el caso de Indecomm SRL y Resposane Salud, ambas vinculadas a Miguel Calvete. Otros figuraban con una pre-inscripción (New Farma, Floresta y Bymax Medical), o su registro estaba desactualizado.
Un ejemplo de esto es el intercambio mantenido por correo electrónico entre Roger Grant, Gabriela Zanotti (empleada de GMS, la desarrolladora del SIIPFIS) y Walter Martinez, cómo el primero -sin ningún tipo de explicación- solicitó el alta de una serie de prestadores (Medel, Droguería Boedo, Profarma, Génesis, MG Argentina, Probock, Resposane, Medical Impland, Floresta, New Farma y Neurosalud), cuyo listado había sido remitido originalmente por Fabián Parlakian.
La misma dinámica fue aplicada a otras empresas como Meta SA, Droguerías Luley SA, Soldist, Lowsedo, Del Sud, Suizo Argentina, Dhiemo, 20 de junio, Seguermed, Caruso y Mg Sipem.
Los procesos de adquisición de las PACBI simularon neutralidad y racionalidad formal a través de un software, pero en la carga de la información estaba la trampa. Esa formalidad contrastaba con un detrás de escena absolutamente informal y arbitrario, representado a través de las comunicaciones mantenidas por Whatsapp y Telegram.
Con posterioridad al escándalo, las directivas pasaron a ser canalizadas por mail en las casillas oficiales.
Fuente: tn.com.ar
