La Auditoría General de la Nación (AGN) auditará a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en el marco de la causa por el fentanilo contaminado.
Un taller de planificación participativa se realizó este jueves en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, donde estuvieron presentes los familiares de las víctimas del opioide adulterado.
Fuentes del caso informaron que hasta el momento no se fijó una fecha para la auditoría mediante la cual la AGN avanzará sobre ambas instituciones para determinar posibles responsabilidades.
Según la investigación judicial por parte del juez Ernesto Kreplak y los informes de la comisión, “la causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo”.
A fines de enero la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de los fallecidos por el opioide adulterado en el que se confirmó que son 111 víctimas fatales. El análisis se llevó a cabo durante la Feria Judicial, período en el que se evaluaron un total de 159 casos. De ese número, 48 pacientes sobrevivieron.
Respecto a la situación judicial, hay 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito.
