La Cámara Federal de San Martín definirá qué juez seguirá al frente de la causa por la mansión de Pilar

El tribunal deberá resolver la disputa de competencia entre los juzgados de Penal Económico y Zárate-Campana en la investigación que salpica a la dirigencia de la AFA.

Actualidad06 de enero de 2026

La Cámara Federal de San Martín deberá resolver quién continuará a cargo de la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar, una flota de vehículos de alta gama y otras propiedades que podrían formar parte de un presunto esquema de lavado de dinero atribuido a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

El expediente, además, analiza si hubo administración fraudulenta en perjuicio de la AFA y si las operaciones se realizaron mediante testaferros.

El tribunal de apelaciones ya recibió el legajo y definirá, por sorteo, durante la feria judicial de enero, qué juzgado seguirá adelante. La disputa enfrenta al magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky —actual responsable del expediente— y al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien reclama la competencia por entender que los bienes investigados están dentro de su jurisdicción.

En el centro de la pesquisa aparece una mansión ubicada en Villa Rosa valuada en 17 millones de dólares, junto con vehículos cotizados en casi 4 millones. El punto a determinar es si esas adquisiciones encubrieron el origen de los fondos o la identidad real de sus beneficiarios.

González Charvay reclamó el expediente tras aceptar un planteo de Luciano Pantano, titular formal de los bienes junto con su madre, Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL. El 30 de diciembre pidió que su colega de CABA se inhibiera y remitiera la causa, invocando la “garantía del juez natural” prevista en el artículo 18 de la Constitución y señalando que las propiedades bajo análisis están en el partido de Pilar.

“Resulta ineludible sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el juez natural del territorio designado de forma previa”, planteó el magistrado al cuestionar que la denuncia impulsada por la Coalición Cívica se hubiera iniciado en una jurisdicción distinta a la ubicación física de los bienes.

Pese a ese argumento, el fiscal del fuero, Sebastián Bringas, consideró que el expediente debía permanecer en la Ciudad de Buenos Aires.

La mansión queda en la localidad de Villa Rosa (Foto: Telenoche)

Aguinsky rechazó apartarse. Sostuvo que el presunto delito precedente sería la administración fraudulenta y que habría tenido como damnificada a la AFA. Como elemento central, señaló que el propietario formal de la quinta y de los vehículos paga consumos con una tarjeta de crédito perteneciente a una cuenta corporativa de la entidad, con domicilio en Viamonte 1366, CABA.

Para el juez porteño, el foco de la causa no está en Pilar. “El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, remarcó, destacando que la sede de la AFA se encuentra a pocas cuadras del tribunal, mientras que el juzgado de Campana está a 82 kilómetros.

También recordó que el fiscal Claudio Navas Rial vinculó este expediente con otra investigación por presunta evasión de aportes e impuestos de la AFA por 19 millones de pesos, que tramita en el mismo fuero ante el juez Diego Amarante. Ese elemento —señaló— “completa el cuadro indiciario”.

Aguinsky afirmó que el estado actual de la causa permite un encuadre territorial más preciso. Pantano y Conte habían sido citados para ser notificados e invitados a presentar un descargo, pero el trámite quedó en pausa hasta que la Cámara defina quién seguirá interviniendo.

En la etapa inicial, el entonces juez interviniente, Daniel Rafecas, ordenó allanamientos sobre las propiedades y dispuso su valuación y preservación.

Con el expediente ya en el fuero económico, se profundizó el análisis patrimonial y financiero. Entre los informes incorporados figura el de la tarjeta atribuida a Pantano, cuyos resúmenes llegaban a la AFA y registraban gastos que incluían pagos de telepase de vehículos secuestrados, con movimientos que promediaban 50 millones de pesos mensuales. La investigación también procura establecer quiénes utilizan el helipuerto instalado en la quinta de Villa Rosa para arribar al predio.

Fuente: tn.com.ar 

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