La Justicia de EE.UU. habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar el proceso de solicitud de embargos sobre activos argentinos en el exterior en el marco de la condena a pagar US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, autorizó a los demandantes a iniciar el proceso de búsqueda de activos y pedido de embargos contra la Argentina, algo que podrán hacer desde este lunes 28 de septiembre.
La novedad la reportó Sebastian Maril, analista de Latam Advisors que sigue el detalle de los judicios contra el país en el exterior. Explicó que Titan tiene registrado el caso en los tribunales de Columbia y Nueva York, pero que no necesariamente esos pedidos deben presentarse ante esas instancias.
La decisión de la magistrada norteamericana está fechada el viernes 25 y se publicó en la página web de la Cámara de Apelaciones de Columbia.
Al emitir la orden, Cobb consideró que trascurrió un plazo prudencial entre la orden de pagar y el pedido formal de Titan para buscar y congelar activos argentinos.
En el documento que sustenta la decisión, la magistrada justificó el aval en que “en los veintiún meses transcurridos desde entonces (la orden de pago de la Justicia de EE.UU .), al parecer Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia”.
El caso tiene un laudo a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Para poder cobrarlos, los demandantes deben ir a los tribunales judiciales.
El reclamo ante el CIADI comenzó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF, hasta quedar en poder de Titan Consortium, que desde 2021 busca en la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
El laudo favorable a los demandantes en el CIADI fue en 2017. El país intentó anular el fallo, pero ese tribunal arbitral rechazó el pedido en 2019.
Recién en diciembre de 2024 el fondo Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390,9 millones mas intereses.
En 2025 la República Argentina apeló, al invocar un plazo de prescripción de 3 años del juicio frente al de 12 años determinado en primera instancia. El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó el plazo aplicable es el de 12 años y fijó el monto final ejecutable es el original US$390.907.115,55.
Ahora la jueza Cobb permite a los demandantes buscar activos comerciales argentinos en el exterior para intentar cobrar la sentencia.
Fuente: tn.com.ar
