En la reforma laboral que presentó el Gobierno, el salario se establecerá según el rendimiento del empleado

Diputados tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch. Participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Cordero, dejó en claro que desde el Gobierno nacional se busca una reforma laboral. “Es un déficit que tenemos hace tiempo, tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco, y para ello en este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal”, dijo Cordero. Confirmó que se trabaja un proyecto de Reforma Laboral, en el marco del Pacto de Mayo y que será enviado al Congreso para su discusión.

El funcionario aseguró: “El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica. Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”.

Entre las reformas concretas que planteó el funcionario, aseguró que se piensa en un esquema de salarios dinámicos: “Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”.

Varias de las reformas que impulsa el Gobierno serán presentadas el próximo 15 de diciembre, como adelantó este martes el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su participación, también, del debate del Presupuesto 2026.

La postura de la oposición

Varios legisladores le cuestionaron al oficialismo las intenciones de debatir un nueva Reforma Laboral en el Parlamento. También marcaron diferencias por la caída del salario Mínimo, Vital y Móvil. El diputado Sergio Palazzo de UxP y secretario General de la Asociación Bancaria señaló que “cayó en un 34% y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica. Hay 321.000 puestos de trabajo menos porque si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.

Vanesa Siley (UXP) y del sindicato de trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo a los medios que Cordero “no respondió a ninguna pregunta que le hicimos. Pregunté cómo van a generar puestos de trabajo genuinos en el sector privado, quitando derechos, haciendo una Reforma Laboral regresiva, si ya se hizo, y el resultado fue que la informalidad laboral creció del 41% al 43%, 200 mil puestos de trabajo menos en el sector privado, 55 mil en el sector público".

Desde el Frente de Izquierda alzaron sus voces los diputados Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano. “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con (el expresidente Carlos) Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga. La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de tres a seis u ocho meses abaratando despidos y rotación a pruebas”, dijo Giordano.

Rodrigo de Loredo de la UCR, recordó que su espacio político intentó una democratización sindical, en el marco de una Reforma Laboral, que impulsó el diputado Martín Tetaz, titular de la Comisión de Trabajo. Recordó, además, los intentos en los años 80 del expresidente Raúl Alfonsín con su proyecto de ley que encontró un freno en el Senado nacional. “Sin duda que lo económico es una barrera muy grande, si el Gobierno no pasa de una economía financiera, después de estas elecciones, si no disminuye las tasas (de interés) y vuelve a traer el crédito y se encamina a una actividad económica productiva no va a haber legislación que le resuelva el problema del empleo en el país”.

La búsqueda de acuerdos

Los legisladores de diferentes bancadas confirmaron que habrá nuevas reuniones similares a la del pasado lunes tras las elecciones del domingo. En el inicio de esta semana, el presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a los bloques de la oposición a reunirse con funcionarios nacionales, mostrando vocación de diálogo desde el oficialismo.

Ya empezó a circular en Diputados que el próximo jueves 30 de octubre se convocarían a todos los bloques a un nuevo encuentro para acercar posiciones. Desde el oficialismo señalaron que “están abiertos a la discusión dentro de los parámetros del superávit fiscal y financiero que asegura honrar compromisos”.

Pero desde la oposición mantiene su postura de avanzar en la discusión del Presupuesto 2026 y dictaminar los dictámenes el próximo 4 de noviembre, como quedó dispuesto por el recinto de la Cámara de Diputados que emplazó a la Comisión de Bertie Benegas Lynch, es decir que le fijó los días de discusión y fecha de firma de dictámenes.

Además de solicitar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo y la puesta en marcha de las tres leyes que sancionó el Congreso y que fueron promulgadas y suspendidas en su implementación por el Presidente Javier Milei. Entienden los legisladores que se abrió un conflicto de poderes.

El diputado de Encuentro Federal, el democratacristiano Juan Brügge presentó un proyecto de resolución para que la Cámara Baja lleve el caso ante la Corte Suprema, al considerar que el Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de leyes aprobadas por amplias mayorías.

“Es una acción de inconstitucionalidad ya que atenta contra la soberanía popular expresada en el Parlamento”, dijo Brügge. El planteo apunta contra los decretos 681/2025, 759/2025 y 760/2025, firmados por el Poder Ejecutivo, que condicionan la entrada en vigencia de las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Financiamiento universitario y recomposición salarial docente y Emergencia Sanitaria Pediátrica a que se consigan los fondos para aplicarlas.

El legislador sostiene que “esas normas fueron aprobadas por amplias mayorías y que no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”.

Fuente: tn.com.ar