La defensa de Finca Las Costas protege un recurso esencial de los salteños

La protección de Finca Las Costas constituye una responsabilidad del Gobierno, que interviene para preservar la cuenca hídrica, garantizar el cumplimiento del régimen ambiental y regular las actividades compatibles con su condición de área protegida. En ese marco, el Comité de Gestión impulsa medidas de prevención, fiscalización y coordinación institucional para resguardar una fuente esencial de abastecimiento de agua potable.

Ubicada al oeste de la ciudad de Salta, la Reserva comprende más de 10.000 hectáreas cuya importancia ambiental e hídrica está documentada en estudios científicos, entre ellos el Plan de Seguridad del Agua de 2012, elaborado por investigadores del INENCO, la Universidad Nacional de Salta y el CONICET, y el Plan de Manejo de la Zona Baja de 2011. Ambos constituyen antecedentes técnicos para comprender la función de la cuenca y los riesgos asociados a las intervenciones sobre el territorio.

La Provincia estableció su protección en 1995 mediante el Decreto N.º 2327, con disposiciones posteriores que ampliaron su marco regulatorio. A ello se suma la Ley Provincial N.º 7.107, que declara de interés público la conservación de las áreas protegidas y establece condiciones para su administración y aprovechamiento.

En este contexto, Nicolás Zenteno Núñez, abogado y presidente del Comité de Gestión, remarcó que la conservación de Finca Las Costas responde a una obligación legal del Estado y requiere asegurar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y judiciales que rigen sobre el territorio.

La condición de área protegida impone criterios específicos para el uso del suelo, las construcciones y las actividades que allí se desarrollan. Su aplicación exige controles efectivos, actuaciones fundadas y una evaluación de cada situación conforme a la normativa vigente, con el propósito de prevenir daños sobre la cuenca y preservar su función hídrica.

El amparo ambiental y la medida cautelar vigente

En 2020, la Provincia promovió una acción de amparo ambiental para proteger Finca Las Costas frente a construcciones y actividades que pudieran comprometer su conservación. La causa, identificada como expediente N.º EXP-718742/20, tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación.
En diciembre de ese año, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó suspender las obras en ejecución o próximas a ejecutarse y prohibió el ingreso de ganado a la Reserva. La decisión se fundamentó en los riesgos ambientales asociados al crecimiento de las construcciones, especialmente por la ausencia de red cloacal y la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas debido a la permeabilidad del suelo.

En marzo de 2026, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la medida cautelar continuaba vigente, ratificando así la obligación de cumplir las restricciones judiciales destinadas a preservar la cuenca hídrica.
Protección del patrimonio público y antecedentes penales

El Comité recuerda que, según el artículo 237 del Código Civil y Comercial, los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Esto significa que no pueden venderse entre particulares ni adquirirse por el solo transcurso del tiempo. Tampoco pueden realizarse construcciones al margen de las autorizaciones correspondientes.

Los controles tienen antecedentes judiciales concretos. En 2023 se iniciaron investigaciones por presunta desobediencia a la medida cautelar que prohibía nuevas obras. En 2024, la Justicia dictó una condena por estelionato, delito vinculado a la venta fraudulenta de terrenos de Finca Las Costas.

El Comité de Gestión fortalece los mecanismos de protección ambiental

El Comité de Gestión de Finca Las Costas impulsa medidas para reforzar la fiscalización de las actividades y prevenir intervenciones que puedan comprometer la conservación de la Reserva.

En ese marco, presentó ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) una solicitud para establecer mecanismos de control sobre el otorgamiento de suministros eléctricos, contemplando las exigencias ambientales y las autorizaciones correspondientes al área protegida.

Asimismo, articula acciones con la Municipalidad de San Lorenzo y organismos provinciales para mejorar la coordinación territorial y las tareas de conservación de la cuenca hídrica.

Esta línea de trabajo busca fortalecer la capacidad preventiva del Estado y asegurar que las intervenciones sobre la Reserva respeten su régimen de protección ambiental.