El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión especial para el próximo 21 de octubre a las 12, con una agenda que combina iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza (LLA) y proyectos que interesan a sus aliados. La estrategia del oficialismo apunta a consolidar apoyos en el recinto y alejar a los bloques dialoguistas de la oposición que busca derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
Entre las iniciativas que impulsa el oficialismo está el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que la próxima semana avanzará con un dictamen. La propuesta incorporará un capítulo vinculado a la Ley de Tierras con el objetivo de conseguir el acompañamiento de los sectores dialoguistas y evitar que se sumen a la estrategia opositora contra el DNU de Milei.
La discusión se da en medio de un nuevo revés judicial para el Gobierno. Este viernes, la Corte Suprema de Justicia volvió a suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales.
La decisión respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación. En diciembre de 2023, la organización había advertido que la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras afectaba la protección del territorio, el medioambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Ahora, la entidad presentó una nueva medida cautelar ante la Justicia de Bariloche para que se pronuncie sobre el tema.
El pedido de sesión especial lleva la firma de Martín Menem y de varios diputados oficialistas. Entre los puntos incluidos figuran dos de las tres propuestas reclamadas por la oposición: Discapacidad y Desendeudamiento Familiar.
Ambos proyectos cuentan con dictámenes que fueron incorporados al temario impulsado por Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y parte de Provincias Unidas.
Para avanzar con su convocatoria, la oposición deberá reunir a 129 diputados en sus bancas y alcanzar el quórum necesario para abrir la sesión. Sin embargo, ese objetivo todavía aparece lejano, en medio de las últimas decisiones judiciales y parlamentarias.
Entre ellas figuran el fallo de la Corte Suprema, las convocatorias para el miércoles 14 de octubre a los plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y la sesión especial prevista para el 21.
Este escenario generó dudas entre los bloques del medio, también denominados dialoguistas, sobre la posibilidad de acompañar a la oposición. Se trata de Argentina Federal, Independencia y Elijo Catamarca, espacios vinculados a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Raúl Jalil, de Catamarca.
Otro de los temas previstos para la sesión es el dictamen de consenso sobre el proyecto de Trazabilidad de Medicamentos. La iniciativa toma como base la propuesta de la diputada libertaria Silvana Giudici e incorpora proyectos presentados por Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria; Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires; Marcela Pagano, de Coherencia; y las exdiputadas Danya Tavela, de la UCR, y Mónica Fein, del socialismo.
El objetivo es reforzar los controles sobre medicamentos críticos y sus materias primas mediante registros digitales en tiempo real y protocolos de actuación ante sospechas de contaminación.
El proyecto crea un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs).
“A partir de esta ley nunca más en la Argentina los medicamentos de alto riesgo como el fentanilo llegarán al brazo de los pacientes sin dejar una huella trazable y verificable”, afirmó Giudici.
La iniciativa se impulsa tras la crisis sanitaria de 2025 por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que dejó más de 100 muertos. A raíz del caso, la Cámara de Diputados creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, de la que Giudici formó parte. El informe final del cuerpo recomendó implementar un sistema de trazabilidad para los medicamentos críticos.
La agenda también incluye el proyecto de Vandalismo Rural, impulsado por el PRO, bloque aliado al Gobierno. La iniciativa es promovida por Martín Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura.
El texto propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal para establecer penas de prisión de un mes a un año para quien “entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
Además, plantea sumar el artículo 184 bis, con penas de prisión de dos a ocho años y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario, sin generar una situación de peligro común.
Entre los bienes contemplados se encuentran los cereales sin cosechar, las silo bolsas, el ganado y la leña, entre otros elementos vinculados con la actividad rural.
La iniciativa generó diferencias con el peronismo. El diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez presentó un dictamen en minoría y cuestionó el alcance de las penas previstas.
“La propuesta tiene una gran contradicción difícil de explicar: se presenta como una respuesta penal más severa frente al vandalismo rural, pero para una parte de las conductas que vuelve a tipificar baja la pena que ya establece el Código Penal”, sostuvo.
La discusión definitiva sobre el proyecto de Vandalismo Rural quedará para el recinto el próximo 21 de octubre, cuando la Cámara de Diputados aborde el conjunto de iniciativas incluidas en la convocatoria.
Fuente: tn.com.ar
