Hoy entra en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, establecido por la Ley 27.801, que modifica el sistema que estuvo vigente desde la década del 80.
Una de las principales novedades es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años: desde este momento, los adolescentes podrán ser juzgados por los delitos que cometan.
La normativa establece un sistema de penas específico para jóvenes de entre 14 y 17, lo que busca promover su responsabilidad por los hechos cometidos, además de su educación, resocialización e integración social.
Entre las sanciones previstas están las amonestaciones, la prohibición de acercarse a la víctima, restricciones para conducir o asistir a determinados lugares, la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y la reparación del daño.
También contempla la privación de la libertad, que podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado para menores. Las penas pueden alcanzar los 15 años, de acuerdo con la gravedad del delito.
La ley establece alternativas a la prisión en determinados casos. Si la pena no supera los tres años, podrá evitarse la detención. También podrá aplicarse una sanción alternativa cuando la pena sea de entre tres y diez años, siempre que el delito no haya provocado la muerte de la víctima, no haya implicado una grave violencia física o psíquica y el adolescente no tenga otras condenas o procesos en curso.
En estos casos, deberán imponerse además medidas vinculadas con la educación, el trabajo y la concientización sobre la gravedad del hecho, con el objetivo de favorecer la resocialización.
Los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores, sin compartir alojamiento con personas adultas.
También tendrán acceso a programas para completar sus estudios obligatorios, capacitación laboral, formación ciudadana y actividades deportivas.
La normativa además establece que los padres serán civilmente responsables por los delitos cometidos por sus hijos.
Por otra parte, se mantiene la protección de la identidad de los menores involucrados en causas penales: no podrán difundirse sus nombres, fotos, domicilio, filiación, parentesco ni otros datos que permitan identificarlos.
Si un adolescente incumple injustificadamente una pena alternativa, el juez deberá reemplazarla por otra sanción más severa.
Fuente: tn.com.ar
