El juez federal Federico Calvete tomó esta semana una decisión que puso cara a cara dos lógicas del Estado argentino que, hasta ahora, no habían colisionado tan abiertamente: la del derecho animal y la de la política ambiental. En el centro del conflicto, una especie que el propio Ministerio de Ambiente declaró “dañina y perjudicial” y que, al mismo tiempo, un magistrado de Tierra del Fuego acaba de reconocer como sujeto de derechos no humanos.
Se trata de los conejos europeos (Oryctolagus cuniculus), también llamados conejos de castilla, y la historia que los trajo hasta esta instancia judicial arrancó con un plan para eliminarlos mediante gas en los predios de un organismo del CONICET.
Todo comenzó en 2020, cuando el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) propuso utilizar fosfuro de aluminio —un compuesto que al contacto con la humedad libera gas fosfano— para controlar la población de conejos que habitaba en su predio ubicado en las inmediaciones de la bahía de Ushuaia. La institución argumentó que los animales construían madrigueras que comprometían los cimientos de su edificio y que, además, causaban daños al ecosistema de la zona. Ese plan nunca llegó a ejecutarse: organizaciones proteccionistas acudieron a la Justicia y Calvete ordenó suspenderlo de inmediato.
Lo que siguió fue un expediente que duró años. Esta semana, al declarar abstracta la causa —es decir, sin objeto procesal vigente—, el magistrado no se limitó a cerrarla, sino que se pronunció sobre la condición jurídica de los animales: sostuvo que, por ser seres sintientes, los conejos europeos poseen “derechos fundamentales” y no pueden tratarse como “un automóvil o un inmueble”. Según el fallo, las organizaciones proteccionistas demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”.
La tensión con la normativa vigente es directa. En diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Ambiente dictó la Resolución 474/2020, que declaró a las poblaciones silvestres de conejo europeo “dañinas y perjudiciales para la conservación de la biodiversidad y las actividades productivas”. A eso se suma que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye a esta especie entre los cien organismos exóticos invasores más perjudiciales a nivel global. Dos marcos legales, un mismo animal, conclusiones opuestas.
Para entender por qué el conejo europeo ocupa ese lugar en la lista de la UICN, basta con repasar lo que ocurrió en Tierra del Fuego a partir de 1936. Ese año, según documenta Parques Nacionales, dos parejas de Oryctolagus cuniculus fueron liberadas cerca de Porvenir, en el sector chileno de la Isla Grande. La frontera política no representó ningún límite: para 1953, apenas 17 años después, la población ya superaba los 30 millones de ejemplares y había colonizado también el territorio argentino. Una segunda introducción, esta vez cerca de Ushuaia y atribuida a la Armada Argentina y a particulares, sumó más animales de esta especie al proceso alrededor de 1950.
La biología de la especie explica esa velocidad. El período de gestación dura entre 28 y 33 días, cada camada puede tener hasta nueve gazapos —con un promedio de cinco o seis— y una hembra puede producir entre cinco y siete camadas por año, según los registros de Parques Nacionales. Con esos parámetros, la expansión fue tan rápida que los métodos de control llegaron tarde o resultaron insuficientes: en 1951 se liberaron zorros grises para reducir la población, sin resultados comprobados, y a mediados de los años 50 se recurrió al virus de la mixomatosis, que produjo una caída considerable, pero no resolvió el problema de fondo.
El impacto de la invasión tampoco se limita a los números. Los conejos viven en colonias y construyen sistemas de madrigueras que pueden alcanzar hasta tres metros de profundidad y decenas de metros de extensión. En la Patagonia, eso derivó en competencia directa con el ganado ovino por los pastizales, deterioro de plantaciones forestales y erosión del suelo. En Argentina, el conejo europeo fue introducido en los siglos XIX y XX con fines productivos —proteína animal, cuero y piel— en la isla de Tierra del Fuego, pero su capacidad de dispersión convirtió lo que era una herramienta económica en una amenaza ambiental permanente.
Con el tiempo, los daños trascendieron el ecosistema. En los últimos 20 años, las madrigueras fueron identificadas como un factor de riesgo para la operación del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Ushuaia. Hoy, el Sistema de Información de Biodiversidad registra poblaciones de esta especie en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, entre otras zonas, y su categoría oficial en el país es la de especie exótica invasora de uso controlado.
Fuente: Infobae.com
