La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra esa medida.
La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de una parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria.
La Corte dispuso rechazar por “inadmisible” el recurso presentado por los abogados de Cristina Kirchner y Báez. Y se limitó a referirse al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que la exime de dar mayores explicaciones ante la decisión.
Los bienes todavía no seran decomisados, ya que restan resolver varios recursos relacionados puntualmente sobre ese procedimiento. No se van a ejecutar hasta tanto se pronuncie el máximo tribunal. Es indefinido el futuro de los bienes de Florencia y Máximo Kirchner por tratarse de la herencia de su padre, Néstor Kirchner.
El 6 de diciembre de 2022, tras casi tres años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público —que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita— y ordenó la detención de los condenados.
Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86. La defensa de Fernández de Kirchner apeló esa actualización ante el tribunal oral y luego ante Casación, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.
En el recurso que ahora rechazó la Corte, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo. La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 —y no el TOF 4, que lo condenó en la causa “Ruta del Dinero K”— el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por “inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Fuente: tn.com.ar
